Cobro de Deudas en Turquía desde el Extranjero

El tribunal competente por razón de la materia en el procedimiento de exequátur es el tribunal de primera instancia. El tribunal competente es aquel de la localidad de residencia en Turquía de la persona contra la que se solicita la ejecución; si no tiene residencia, es el tribunal de la localidad en la que resida efectivamente. Si no tiene domicilio ni residencia habitual en Turquía, la demanda podrá interponerse ante uno de los tribunales de Ankara, Estambul o Esmirna (art. 51 de la Ley n.º 5718 de Derecho Internacional Privado y Procedimiento).

Se adjuntará el original de la sentencia extranjera, debidamente certificado por las autoridades de dicho país, o una copia certificada por el órgano jurisdiccional que dictó la sentencia, junto con su traducción certificada. También se adjuntará un escrito o documento, debidamente legalizado por las autoridades de dicho país, que acredite que la sentencia ha adquirido firmeza, junto con su traducción certificada (Ley n.º 5718 de Derecho Internacional Privado y Procedimiento, art. 53). La solicitud deberá incluir los datos de las partes, el tribunal que dictó la sentencia, la fecha y el número de la misma, así como un resumen de la sentencia (misma Ley, art. 52). Dado que la forma de homologación puede variar en función del Estado en el que se haya dictado la sentencia, los documentos se revisan antes de presentar la solicitud.

Los laudos arbitrales extranjeros que hayan adquirido fuerza de cosa juzgada y sean ejecutables, o que sean vinculantes para las partes, pueden ser ejecutados. La ejecución se solicita mediante escrito ante el tribunal de primera instancia del lugar acordado por escrito por las partes. A falta de tal acuerdo, se acudirá al tribunal del lugar de residencia en Turquía de la parte contra la que se haya dictado el laudo; en su defecto, al del lugar donde resida efectivamente; y, en su defecto, al del lugar donde se encuentren los bienes susceptibles de ejecución (Ley n.º 5718 de Derecho Internacional Privado y Procedimiento, art. 60). La ejecución puede denegarse por motivos limitados, tales como la inexistencia de un acuerdo de arbitraje, la incompatibilidad de la resolución con el orden público, el hecho de que la parte no haya sido informada de la designación del árbitro o que se le haya privado de la posibilidad de defenderse (art. 62 de la misma Ley). También se tienen en cuenta las disposiciones de la Convención de Nueva York (Convención sobre el reconocimiento y la ejecución de sentencias arbitrales extranjeras), de la que Turquía es parte.

El deudor puede presentar oposición ante la oficina de ejecución en un plazo de siete días a partir de la notificación de la orden de pago; la oposición suspende el procedimiento de ejecución (art. 62 de la Ley de Ejecución y Quiebras). El acreedor puede interponer una demanda de anulación de la oposición en el plazo de un año a partir de la notificación de la misma (art. 67 de la misma Ley). Si la deuda está respaldada por la firma del deudor o por los documentos enumerados en la ley, también se puede solicitar el levantamiento de la oposición (es decir, que el tribunal de ejecución deje sin efecto la oposición del deudor). Si en la demanda de anulación de la oposición se dictamina que la oposición del deudor es infundada, este será condenado, a petición de la otra parte, al pago de una indemnización que no podrá ser inferior al veinte por ciento del importe adjudicado. Lo mismo se aplica al acreedor cuya actuación en el procedimiento se considere infundada y de mala fe. En los litigios mercantiles, se exige además el requisito de recurrir a un mediador antes de interponer la demanda.

Cuando se presenta la sentencia (ya sea dictada por un tribunal turco o una sentencia extranjera cuya ejecución haya sido declarada) ante la oficina de ejecución, se notifica al deudor la orden de ejecución. En la orden se le informa de que debe pagar la deuda en un plazo máximo de siete días y de que, en caso de no hacerlo, se procederá a la ejecución forzosa (art. 32 de la Ley de Ejecución y Quiebras). Durante este plazo, el deudor solo podrá alegar ante el tribunal de ejecución que la deuda ha prescrito o que se ha extinguido por pago o por cualquier otra causa (art. 33 de la misma Ley).

Salvo que la ley disponga lo contrario, toda deuda prescribe a los diez años (art. 146 del Código de Obligaciones turco). En el caso de las prestaciones periódicas, como los alquileres, los intereses sobre el capital y los honorarios, así como de determinados créditos derivados del alojamiento, la restauración, los pequeños trabajos artesanales, el contrato de mandato, la comisión, la agencia y el contrato de obra, el plazo es de cinco años (art. 147 del mismo Código). El plazo de prescripción se interrumpe en casos como que el acreedor acuda a los tribunales o a un árbitro, inicie un procedimiento de ejecución o el deudor reconozca la deuda; es decir, el plazo vuelve a correr desde el principio (art. 154 del mismo Código). Dado que el plazo varía en función del tipo de crédito, se examina junto con la documentación correspondiente.

En la solicitud de ejecución se indica el importe de la deuda en moneda turca. Si la deuda es en moneda extranjera, se especifica la fecha del tipo de cambio utilizado para convertirla a moneda turca, así como los intereses (art. 58 de la Ley de Ejecución y Quiebras). Si en el contrato no se estipula el pago en la misma moneda extranjera (es decir, el pago de la deuda en la moneda extranjera acordada) ni figura ninguna expresión que tenga ese significado, la deuda podrá pagarse también en moneda turca al tipo de cambio vigente (tipo de cambio de mercado) en la fecha de pago. Si la deuda no se paga en la fecha de vencimiento, el acreedor podrá exigir que la deuda se pague en la misma moneda extranjera o en moneda turca al tipo de cambio vigente en la fecha de vencimiento o en la fecha de pago efectivo (art. 99 del Código de Obligaciones turco).