La acción revocatoria

Por regla general, antes del embargo y de la quiebra, el deudor puede disponer libremente de sus bienes y derechos. Mientras el acreedor pueda cobrar su crédito del deudor, no puede intervenir en los actos de disposición de este. No obstante, antes o después del inicio de las acciones legales, es posible que el deudor realice actos de disposición sobre su patrimonio con el fin de sustraer bienes al acreedor. La finalidad de la acción revocatoria (acción pauliana), que surge para proteger al acreedor en todos estos casos, es lograr que los bienes que el deudor ha sustraído al acreedor mediante actos de disposición válidos realizados con anterioridad regresen al patrimonio del deudor y que los acreedores puedan satisfacerse con cargo a dicho patrimonio.

La acción revocatoria ha sido definida por la Asamblea General de lo Civil del Tribunal de Casación (YHGK) como “una acción que, mediante su interposición con el fin de que el acreedor perjudicado por el acto de disposición obtenga su crédito, permite que los bienes y derechos que el deudor ha hecho salir de su patrimonio con la intención de perjudicar a su acreedor, o los valores que los sustituyen, vuelvan a pasar al patrimonio del deudor; en resumen, una acción dirigida a dejar sin efecto, en la medida del crédito del acreedor, los actos de disposición realizados por el deudor para sustraer bienes a sus acreedores...” (YHGK, expediente n.º 2017/17-2248, resolución n.º 2019/998, 08.10.2019). En la misma resolución, la finalidad de esta acción se explica en los siguientes términos: “...permitir que el acreedor cobre su crédito por vía de ejecución forzosa, considerando ineficaces, en la medida del crédito del acreedor, los actos jurídicos unilaterales y los hechos del deudor que, para no pagar un crédito, reducen su patrimonio o impiden su aumento, así como todos los actos jurídicos que haya celebrado con personas que conocían o debían conocer la finalidad del deudor, como si el bien o derecho objeto del acto siguiera perteneciendo al deudor.”

1. ¿Quiénes son las partes en la acción revocatoria?

En la acción revocatoria, la parte demandada está formada por al menos dos personas físicas y/o jurídicas. La parte demandada la integran el deudor y los terceros que han celebrado negocios jurídicos con el deudor o a quienes el deudor ha realizado pagos, así como sus herederos. Además, la acción revocatoria también puede interponerse contra terceros de mala fe. En la acción revocatoria existe un litisconsorcio necesario entre los demandados. La acción revocatoria no debe vulnerar los derechos de los terceros de buena fe (art. 282 del İİK). Fuera de los supuestos enumerados en el art. 278 del İİK, los terceros que prueben su buena fe pueden librarse de las consecuencias desfavorables de la acción revocatoria.

2. ¿Cuáles son los requisitos previos para interponer la acción revocatoria? ¿Puede interponerse la acción revocatoria sobre la base de un certificado de insolvencia obtenido por otra persona?

La acción revocatoria está regulada en los artículos 277 a 284 de la Ley de Ejecución y Quiebra n.º 2004 (İİK).

“Para que puedan examinarse este tipo de acciones, es necesario que el crédito del demandante frente al deudor sea real, que el procedimiento de ejecución contra el deudor sea firme, que el acto de disposición cuya revocación se solicita se haya realizado después de la deuda objeto de la ejecución y que exista un certificado de insolvencia definitivo o provisional obtenido contra el deudor (artículo 277 del İİK). Si concurren estos presupuestos previos, debe examinarse si se cumplen los requisitos de revocación previstos en los artículos 278, 279 y 280 del İİK.” (Tribunal de Casación, Sala 17.ª de lo Civil, expediente n.º 2017/3902, resolución n.º 2018/8266, 16.09.2018)

Según esto:

1) que el crédito del demandante frente al deudor sea real,

2) que el procedimiento de ejecución contra el deudor sea firme,

3) que el acto de disposición cuya revocación se solicita se haya realizado después de la deuda objeto de la ejecución,

4) y que exista un certificado de insolvencia definitivo o provisional obtenido contra el deudor; la acción revocatoria podrá interponerse en los casos en que estos requisitos se cumplan conjuntamente.

El certificado de insolvencia acredita que en el patrimonio del deudor no existe una cuantía suficiente. En sus resoluciones, el Tribunal de Casación (Yargıtay) tiene en cuenta de oficio el certificado de insolvencia como presupuesto procesal. No obstante, en las resoluciones más recientes dictadas por el Tribunal de Casación se ha establecido que el certificado de insolvencia provisional o definitivo puede aportarse al expediente en cualquier fase del proceso.

“El tribunal, a la vista de las alegaciones, la contestación y las pruebas practicadas, resolvió desestimar la demanda por falta de un presupuesto procesal, al no haber aportado el abogado del demandante el certificado de insolvencia; la sentencia fue recurrida en casación por el abogado del demandante. La demanda se refiere a una pretensión de revocación basada en los artículos 277 y siguientes del İİK, y este tipo de acciones pueden interponerlas los acreedores que tengan en su poder un certificado de insolvencia definitivo (art. 143 del İİK) o provisional (art. 105 del İİK). Esta cuestión es un requisito para que la demanda pueda examinarse y el tribunal debe tenerla en cuenta de oficio (por sí mismo). El certificado de insolvencia puede aportarse antes de interponer la demanda, después de interponerla, o después de la fase de casación, e incluso después de que el Tribunal de Casación haya confirmado o anulado la sentencia.” (Tribunal de Casación, Sala 17.ª de lo Civil, expediente n.º 2017/5425, resolución n.º 2019/10539, 13.11.2019)

No es posible interponer la acción revocatoria sobre la base de un certificado de insolvencia obtenido por otro acreedor, ni sobre la base de un certificado de insolvencia obtenido por el mismo acreedor como resultado de otro procedimiento de ejecución.

“Para cada procedimiento de ejecución promovido, el acreedor debe presentar ante el tribunal el certificado de insolvencia expedido en ese expediente de ejecución (...) El certificado de insolvencia debe referirse al procedimiento de ejecución promovido por el acreedor. No puede interponerse la acción revocatoria sobre la base de un certificado de insolvencia obtenido por otro acreedor en relación con su propio crédito. La práctica del Tribunal de Casación es constante en este sentido” (Asamblea General de lo Civil del Tribunal de Casación, expediente n.º 2017/17-1791, resolución n.º 2019/498, 30.4.2019)

Por regla general, los actos de disposición que el deudor realiza conforme a derecho no afectan al acreedor. Sin embargo, cuando el deudor no dispone de bienes embargables en cantidad suficiente para satisfacer al acreedor, este puede obtener la revocación del acto de disposición en cuestión en lo que respecta a su propio crédito.

3. ¿Hay casos en los que no se exige el certificado de insolvencia?

Tanto por disposición de la ley como en virtud de la jurisprudencia, en algunos casos no se exige el requisito de aportar el certificado de insolvencia. El acreedor contra quien se interpone una tercería de dominio (istihkak) podrá interponer la acción revocatoria como reconvención. En este caso no se exige el certificado de insolvencia. A modo de ejemplo: si un tercero interpone una tercería de dominio contra el acreedor alegando que el deudor le vendió el bien, el acreedor podrá a su vez demandar al tercero para que se revoque esa venta.

“Las acciones revocatorias interpuestas directamente sobre la base de los artículos 277 y siguientes del İK se tramitan ante los tribunales ordinarios. (art. 281 del İİK) No obstante, si el tercero ha interpuesto una tercería de dominio relativa al embargo (art. 97/6-9 del İİK), el acreedor ejecutante demandado puede interponer, frente a dicha demanda, la acción revocatoria sin estar obligado a aportar un certificado de insolvencia provisional o definitivo. (art. 97/17 del İİK) En este caso, la acción revocatoria interpuesta como reconvención se examina y resuelve en el Juzgado de Ejecución que conoce de la tercería de dominio.” (Tribunal de Casación, Sala 8.ª de lo Civil, expediente n.º 2016/19103, resolución n.º 2019/11400, 17.12.2019)

Además, según el artículo transitorio 13 de la Ley Bancaria n.º 5411, tampoco se exige el certificado de insolvencia en la acción revocatoria relativa al cobro de los créditos del Fondo. “Por otra parte, el artículo transitorio 13 de la Ley Bancaria n.º 5411, aprobada el 19 de octubre de 2005 y que entró en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial (Resmî Gazete) del 1 de noviembre de 2005, prevé que también los bancos públicos pueden interponer acciones revocatorias sin certificado de insolvencia, y su artículo transitorio 16 prevé que esta modificación será aplicable a situaciones anteriores (tendrá efecto retroactivo). En este caso, dado que se ha suprimido la exigencia de un certificado de insolvencia provisional o definitivo, que es el requisito previo de la acción, debe examinarse el fondo del asunto y dictarse sentencia.” (Sala 17.ª de lo Civil, expediente n.º 2007/1079, resolución n.º 2007/2553, 19.7.2007)

Asimismo, tampoco se exige el certificado de insolvencia en las acciones revocatorias interpuestas en virtud de la Ley sobre el Procedimiento de Recaudación de Créditos Públicos (AATUHK). “La demanda se refiere a una pretensión de revocación interpuesta sobre la base de la Ley n.º 6183. Por ello, la controversia debe resolverse conforme a lo dispuesto en los artículos 24 a 31 de la Ley n.º 6183. Dado que en dichos artículos no existe ninguna disposición que establezca la obligatoriedad de presentar un certificado de insolvencia, no es correcto que el tribunal acuerde la “desestimación de la demanda” alegando que “no existe un certificado de insolvencia provisional o definitivo contra el deudor”, en lugar de examinar el fondo de la controversia y llegar a una conclusión” (Sala 17.ª de lo Civil, 6.5.2008, 864/2398)

4. ¿Sustituye el acta de embargo al certificado de insolvencia?

El certificado de insolvencia puede ser de dos tipos: definitivo y provisional. Si durante el embargo el deudor tiene bienes embargables, pero se constata que estos no bastarán para cubrir el crédito objeto de la ejecución, el acta de embargo que documenta esta situación tiene, conforme al art. 105 del İİK, el carácter de certificado de insolvencia provisional.

“Dicho de otro modo, si durante el embargo, aunque el deudor tenga algunos bienes, se constata que, según su valor de tasación, estos no bastan para cubrir el crédito objeto de la ejecución, el acta de embargo correspondiente se considera certificado de insolvencia provisional. En el acta de embargo debe constar expresamente que el deudor no tiene bienes embargables. De lo contrario, el acta no tiene el carácter de certificado de insolvencia. Al igual que ocurre con el certificado de insolvencia definitivo, al deudor no se le expide aparte un certificado de insolvencia. El acta de embargo correspondiente tiene el valor de certificado de insolvencia provisional. Confiere al acreedor los derechos previstos en el artículo 277 del İİK. Es decir, le confiere el derecho a interponer la acción revocatoria. A diferencia del certificado de insolvencia definitivo, el certificado de insolvencia provisional no tiene el carácter de documento que contenga un reconocimiento de deuda en el sentido del artículo 68 del İİK.” (Asamblea General de lo Civil del Tribunal de Casación, expediente n.º 2019/17-16, resolución n.º 2020/7, 14.1.2020)

5. ¿Qué actos jurídicos pueden ser objeto de la acción revocatoria y cuáles no?

Para que un acto jurídico pueda ser objeto de la acción revocatoria, primero debe calificarse como acto de disposición. El acto de disposición es aquel que transmite, limita o extingue un derecho. “Mediante un negocio obligacional, el bien o derecho no sale del patrimonio del deudor. El objeto de la acción revocatoria lo constituyen los actos de disposición que provocan una disminución del patrimonio del deudor.” (Tribunal de Casación, Sala 17.ª de lo Civil, expediente n.º 2009/307, resolución n.º 2009/2610, 22.4.2009). No es imprescindible que el deudor actúe de mala fe al realizar estos actos de disposición.

Los negocios obligacionales no son objeto de la acción revocatoria. Por ello, el acreedor puede embargar el bien sin necesidad de recurrir a la acción revocatoria o, en caso de quiebra del deudor, reclamar el bien a la masa de la quiebra. Si el deudor se desprende de bienes de su patrimonio que no son embargables, estos actos de disposición tampoco pueden ser objeto de la acción revocatoria. Ello se debe a que, en tal caso, los acreedores no pueden sufrir un perjuicio. La cuestión de si el bien objeto de la acción revocatoria es embargable la examina y aprecia el tribunal que conoce de la demanda. Los actos jurídicos que afectan directamente a los derechos de la personalidad, como el divorcio o la adopción, tampoco pueden ser objeto de la acción revocatoria.

Asimismo, el acto de disposición objeto de la demanda debe ser voluntario. Las transmisiones producidas como consecuencia de una resolución judicial y las ventas realizadas mediante ejecución forzosa no son objeto de la acción revocatoria. No obstante, también podrá interponerse la acción revocatoria cuando se promueva un procedimiento de ejecución dentro de una relación de crédito y deuda con el fin de sustraer bienes a los acreedores.

“Valorados conjuntamente los hechos y los fundamentos jurídicos que obran en el expediente, se desprende que los cheques objeto de la demanda entre los demandados y los procedimientos de ejecución promovidos sobre la base de dichos cheques están sujetos a revocación conforme al art. 280/1 del İİK; por ello, procedía acordar su revocación, limitada al crédito que el demandante hizo objeto de la ejecución y a sus accesorios, y que los cobros obtenidos por la tercera persona demandada en los procedimientos de ejecución objeto de la demanda se abonaran al demandante; no se ha considerado acertado que el tribunal, pese a haber valorado las pruebas en este sentido, desestimara la pretensión en lo relativo a la revocación.” (Tribunal de Casación, Sala 17.ª de lo Civil, expediente n.º 2013/17392, resolución n.º 2014/9848, 24.6.2014)

Frente a los cambios producidos en el patrimonio como consecuencia de una resolución del tribunal, también puede acudirse, si se cumplen sus requisitos, a la vía de la revisión del proceso regulada en el art. 375 del Código Procesal Civil (HMK).

6. ¿Qué actos de disposición son objeto de la acción revocatoria?

El art. 277 del İİK establece: “La finalidad de la acción revocatoria es obtener que se declare la nulidad de los actos de disposición previstos en los artículos 278, 279 y 280.” En estos artículos, los actos de disposición que pueden ser objeto de la acción revocatoria:

- Actos de disposición a título gratuito (art. 278)

- Actos de disposición realizados en estado de insolvencia (art. 279)

- Revocación por intención de perjudicar (art. 280)

quedan regulados en estos términos.

7. ¿Cuáles son los actos de disposición a título gratuito regulados en el art. 278 del İİK?

Por actos de disposición a título gratuito deben entenderse los actos unilaterales mediante los cuales la persona a cuyo favor se realiza el acto se enriquece sin contraprestación. Esta cuestión se expresa literalmente en el art. 278 del İİK del siguiente modo:

“Salvo los regalos de costumbre, son nulas todas las donaciones y todos los actos de disposición a título gratuito realizados dentro del período que se cuenta hacia atrás desde el embargo, desde la insolvencia por falta de bienes embargables o desde la apertura de la quiebra, hasta la fecha en que nació el más antiguo de los créditos que dieron lugar al embargo o a la expedición del certificado de insolvencia, o que fueron admitidos a la masa. No obstante, este período no puede exceder de los dos años anteriores al embargo, a la insolvencia o a la quiebra.”

Un aspecto que debe tenerse en cuenta aquí es que los regalos habituales no son objeto de revocación. Los regalos habituales/razonables entregados con motivo de acontecimientos como bodas, compromisos, festividades o cumpleaños no son objeto de la acción revocatoria.

El legislador ha considerado ciertos actos jurídicos como donaciones o, aun siendo a título oneroso, como actos a título gratuito (art. 278 del İİK). Estos son:

- Los actos de disposición a título oneroso realizados entre cónyuges, entre ascendientes y descendientes, entre parientes por afinidad hasta el tercer grado (incluido este grado) y entre adoptante y adoptado,

- Los contratos en los que, en el momento de su celebración, el deudor aceptó como contraprestación un precio muy inferior al valor de lo que él mismo entregó,

- Los contratos por los que el deudor constituye, a su favor o en beneficio de un tercero, una renta y un derecho de usufructo con carácter vitalicio, y el contrato de alimentos vitalicio.

Al examinar estos supuestos, es irrelevante si se actuó de buena fe o no.

“Si entre quien compra al deudor y el deudor concurren las causas previstas en el artículo 278 del İİK, se acordará la revocación del acto de disposición celebrado entre ellos con independencia de la buena fe del comprador.” (Asamblea General de lo Civil del Tribunal de Casación, expediente n.º 2017/17-2248, resolución n.º 2019/998, 8.10.2019)

Aquí puede discutirse qué debe entenderse por la expresión “un precio muy inferior”. A este respecto, la jurisprudencia del Tribunal de Casación señala que, en la fecha de la venta del bien, debe existir entre las prestaciones una diferencia de al menos el doble en perjuicio del deudor. “En el art. 278/3-2 del İİK, 'los contratos en los que, en el momento de su celebración, el deudor aceptó como contraprestación un precio muy inferior al valor de lo que él mismo entregó' se consideran equiparables a la donación, y se admite que estos actos de disposición son revocables sin atender a la condición de buena fe. Para que el acto de disposición pueda revocarse conforme a esta letra, debe existir una desproporción excesiva entre el valor real del bien en la fecha de la venta y el precio de venta. Según la jurisprudencia consolidada del Tribunal de Casación, para poder hablar de una desproporción excesiva entre las prestaciones, en la fecha de la venta del bien debe existir entre ellas una diferencia de al menos el doble en perjuicio del deudor. Si sobre el inmueble vendido constan inscripciones de hipoteca y de embargo, como el comprador habrá adquirido el inmueble gravado con dichas inscripciones, se considera que la venta se realizó teniendo en cuenta la totalidad de estos importes. Por ello, al determinar la desproporción también deben tenerse en cuenta los importes de las hipotecas y de los embargos que constan en el asiento registral. Además, si la tercera persona demandada alega haber realizado pagos al margen del precio de venta que consta en la escritura (tapu), en caso de que pruebe esta alegación debe tenerse en cuenta también el pago realizado al margen de la escritura.” (Tribunal de Casación, Sala 17.ª de lo Civil, expediente n.º 2014/1621, resolución n.º 2014/2409, 24.02.2014)

8. ¿Qué significa el “estado de insolvencia” que figura en el título del art. 279 del İİK y cuáles son los actos de disposición realizados en dicho estado?

Aunque la letra del artículo habla del estado de insolvencia, lo que aquí se contempla, en consonancia con la ley suiza que le sirvió de fuente, es el estado de sobreendeudamiento. En la práctica, este artículo también se aplica a la situación de sobreendeudamiento. En una resolución de 2019, la Asamblea General de lo Civil del Tribunal de Casación declaró: “...en relación con los actos de disposición realizados por el deudor mientras se encontraba en situación de sobreendeudamiento, se examina si concurren las causas indicadas en el artículo 279 del İİK.” (YHGK, expediente n.º 2017/17-2248, resolución n.º 2019/998, 08.10.2019) El sobreendeudamiento, por su parte, se da cuando las deudas del deudor superan sus activos y sus créditos, es decir, cuando su patrimonio no basta para cubrir sus deudas. Los actos de disposición enumerados en este artículo son:

- Las garantías reales constituidas por el deudor para asegurar una deuda existente sin haberse comprometido previamente a prestar garantía,

- Los pagos realizados por medios distintos del dinero o de los medios de pago habituales,

- Los pagos de deudas aún no vencidas,

- Las anotaciones en el registro de la propiedad destinadas a reforzar derechos personales.

Los supuestos enumerados deben haberse producido dentro del año anterior al embargo, a la insolvencia por falta de bienes o a la apertura de la quiebra. Los actos de disposición más antiguos no son objeto de este artículo. Además, el legislador ha reconocido al tercero que celebró el acto de disposición con el deudor una prueba liberatoria. Según esta, si el tercero que se beneficia de estos actos de disposición acredita, con el estándar de la prueba aproximada, que desconocía la situación del deudor, la acción revocatoria no será admitida (art. 279, último apartado, del İİK).

“Teniendo en cuenta que, conforme al art. 279/1 del İİK, las actas de embargo que, en el marco del art. 105 del İİK, tienen el valor de certificado de insolvencia provisional son de fecha 20 de marzo de 2012; que el acto de disposición objeto de la demanda se realizó el 17 de agosto de 2011, antes de que transcurriera el plazo de 1 año previsto en el art. 279 del İİK; que tampoco se ha podido probar que los demandados, en relación con esta constitución de hipoteca objeto de la demanda, hubieran otorgado un documento de compromiso de hipoteca anotado en el registro de la propiedad; y que consta que no se ha alegado ni probado lo contrario; y, conforme al art. 280/1 del İK, que las partes admiten que la demandada ... Metal opera en el mismo sector que el deudor demandado y que entre ellos existe una relación comercial que viene de tiempo atrás, que según las declaraciones de los testigos oídos en el procedimiento el sector en el que operan los demandados es un sector pequeño y que se ha declarado que los demandados se conocen entre sí, haber resuelto en los términos expuestos, como resultado de un examen incompleto, sin valorar si la tercera persona demandada ... Metal se encuentra entre las personas que conocían o debían conocer la situación financiera del deudor demandado y su intención de perjudicar a sus acreedores, y sin que el tribunal examinara las disposiciones de los arts. 277, 279, 280 y 283 del İİK, es contrario al procedimiento y a la ley.” (Tribunal de Casación, Sala 17.ª de lo Civil, expediente n.º 2016/4452, resolución n.º 2019/9821, 23.10.2019)

9. ¿Cuáles son los requisitos de la acción revocatoria por intención de perjudicar del art. 280 del İİK?

Para poder interponer la acción revocatoria por intención de perjudicar regulada en el art. 280 del İİK:

- Debe haberse promovido contra el deudor un procedimiento de ejecución por embargo o por quiebra dentro de los cinco años siguientes a la fecha en que se realizó el acto de disposición objeto de la acción revocatoria,

- El deudor debe encontrarse en situación de sobreendeudamiento,

- El deudor debe tener la intención de perjudicar al acreedor,

- El tercero debe conocer, o haber debido conocer, la situación financiera del deudor y su intención de perjudicar.

Para que los terceros conozcan la situación financiera y la intención del deudor, basta con que existan indicios claros. Si en este caso el tercero celebra un acto de disposición con otro tercero, también esta persona debe conocer la intención existente. En una resolución dictada en 2019, la Sala 17.ª de lo Civil del Tribunal de Casación resolvió en los siguientes términos: “En la venta realizada respecto del demandado ..., que ocupa la posición de cuarta persona, no existe una diferencia significativa entre el precio de venta y el valor de mercado en la fecha de la venta determinado por el perito, por lo que debe haberse probado la mala fe de la cuarta persona. Respecto del demandado ... (tercera persona de mala fe conforme al art. 282 del İİK), el art. 280/3 del İİK no resulta aplicable. Dado que no se ha podido probar la mala fe de la cuarta persona demandada ..., procedía desestimar la demanda respecto del demandado ... y, respecto del demandado ..., considerando que la demanda se había convertido en una demanda de indemnización, declarar conforme al art. 283 del İİK que el demandado ... responde mediante indemnización, limitada al crédito, en proporción al valor que tenía el inmueble de la parcela n.º 679 objeto de la demanda el 20 de septiembre de 2006, fecha en que se desprendió de él; no es acertado haber resuelto en los términos expuestos.” (Tribunal de Casación, Sala 17.ª de lo Civil, expediente n.º 2017/109, resolución n.º 2019/11038, 25.11.2019)

El art. 280/2 del İİK establece que, si el tercero es el cónyuge del deudor, sus ascendientes o descendientes, sus parientes por consanguinidad o afinidad hasta el tercer grado (incluido este grado), su adoptante o su adoptado, se considerará que conocía la situación financiera y la intención del deudor antes mencionadas. No obstante, si el pariente que se beneficia de estos actos de disposición prueba que desconocía la situación del deudor, la acción revocatoria no será admitida (art. 280, apdo. 2, última frase, del İİK).

“En el caso concreto, dado que se desprende que el representante de la empresa deudora demandada ... Grup es hermano del demandado ... y que el tercero demandado es una de las personas que conocían y debían conocer la situación del deudor demandado, consta que los demandados no tenían razón en el pleito y procedía declararlos conjunta y solidariamente responsables de las costas procesales; tampoco es acertado haber resuelto en los términos expuestos sobre la base de una valoración errónea.” (Tribunal de Casación, Sala 17.ª de lo Civil, expediente n.º 2018/3028, resolución n.º 2019/11823, 11.12.2019)

Otra presunción establecida por el legislador es que se considera que la persona que, tras adquirir la totalidad o una parte importante de una empresa mercantil o de las mercancías existentes en el establecimiento, se hace cargo también de hecho de dicho establecimiento y comienza a explotarlo, conocía la intención del deudor de perjudicar. Esta presunción solo puede desvirtuarse probando que se notificó por escrito la operación al acreedor que interpone la acción revocatoria al menos tres meses antes de la fecha de la transmisión, la venta o el abandono, o que, además de colocarse carteles visibles en el lugar donde se encuentra la empresa mercantil, se anunció en el Boletín del Registro Mercantil (Ticaret Sicili Gazetesi) o, si ello no era posible, por medios adecuados que aseguraran el conocimiento de todos los acreedores.

“Dado que se desprende que el crédito del demandante es un pagaré por importe de 90.000,00 TL con fecha de emisión 12 de abril de 2013, que se promovió un procedimiento de ejecución contra el deudor demandado y que dicho procedimiento es firme, que el crédito es real, que los actos de disposición cuya revocación se solicita se realizaron después de los créditos objeto de la ejecución y que la demanda se interpuso en plazo, concurren los presupuestos previos de la acción. Valorando conjuntamente que los deudores demandados transfirieron a la otra sociedad demandada, a través de notario, sus 7 parcelas con un hotel y sus dependencias, y que las ventas de las cuotas se realizaron el mismo día ante el mismo notario con números de registro diario consecutivos, procedía estimar la demanda, al desprenderse que, además de la intención de sustraer bienes, los actos de disposición son revocables con arreglo al último apartado del art. 280 del İİK, que debe aplicarse por analogía por haberse transmitido todas las parcelas; no se ha considerado correcto que se haya acordado su desestimación con los fundamentos expuestos.” (Tribunal de Casación, Sala 17.ª de lo Civil, expediente n.º 2016/12327, resolución n.º 2019/3706, 27.3.2019)

El tribunal aprecia y aplica de oficio las causas previstas en los artículos 278, 279 y 280 y, sin limitarse a ellas, también otras causas distintas. “Los actos de disposición revocables que el deudor realiza antes de su insolvencia o quiebra se regulan en tres grupos, en los artículos 278, 279 y 280 del İİK. No obstante, en estos artículos no se enumeran de forma taxativa todos los actos de disposición que pueden revocarse. La ley, al establecer una definición general para ciertos actos de disposición revocables, ha dejado a la apreciación del juez la determinación de qué actos de disposición están sujetos a revocación (art. 281 del İİK. Por esta razón legal, aunque el demandante se haya basado en uno de los artículos 278, 279 y 280 del İİK, el tribunal no queda vinculado por ello y puede acordar la revocación con arreglo a otro de esos artículos (sentencia de la Asamblea General de lo Civil del Tribunal de Casación de 25.11.1987, expediente n.º ..., resolución n.º 1987/872). En general, puede decirse que los actos de disposición revocables del deudor son los actos a título gratuito o realizados en estado de insolvencia dirigidos a sustraer bienes a sus acreedores y los actos realizados con la intención de perjudicar a sus acreedores.” (Tribunal de Casación, Sala 17.ª de lo Civil, expediente n.º 2016/20021, resolución n.º 2019/6290, 16.05.2019)

10. ¿Cuáles son las consecuencias de la acción revocatoria?

Como resultado de la acción revocatoria, el acreedor puede solicitar el embargo y la venta, por vía de ejecución forzosa, de los bienes objeto del acto de disposición. En los casos en que los bienes objeto de la acción revocatoria también hayan salido del poder del tercero, este debe pagar al acreedor una indemnización en proporción a dichos bienes. Es decir, al igual que el deudor, el tercero responde de la deuda con todo su patrimonio, hasta el límite del valor que tenía el bien en la fecha en que se desprendió de él.

“Si el bien objeto de la demanda se encuentra en poder del tercero a cuyo favor se realizó el acto de disposición, el objeto de la acción revocatoria es que se continúe la ejecución forzosa sobre ese bien o derecho; si la persona a cuyo favor se realizó el acto de disposición se ha desprendido del bien, el objeto de la demanda pasa a ser la condena del tercero a pagar una indemnización en proporción al valor de ese bien.” (Tribunal de Casación, Sala 17.ª de lo Civil, expediente n.º 2016/15030, resolución n.º 2019/3914, 01.04.2019).

En este caso, sin necesidad de abrir un nuevo expediente de ejecución, se presenta la sentencia en el expediente de ejecución existente y se procede embargando todos los bienes de la tercera persona como si esta fuera el deudor principal de la ejecución.

“En su solicitud ante el Juzgado de Ejecución, el deudor, junto con sus demás pretensiones, solicitó la anulación de la ejecución duplicada, alegando que, cuando lo que procedía era continuar la ejecución enviándole una orden de ejecución en el procedimiento iniciado contra el deudor ... en el expediente n.º 2013/28988 de la Oficina de Ejecución de ...., objeto de la sentencia en la que se basa, se había iniciado contra él una ejecución separada, basada en la sentencia de revocación, con el expediente n.º 2016/5085 de la 8.ª Oficina de Ejecución de ... (...) La acción revocatoria se ha convertido en una reclamación del valor conforme al art. 283/2 del İİK antes citado, y es posible solicitar su ejecución en el mismo expediente de ejecución. En este caso, de conformidad con la sentencia, debe notificarse al deudor reclamante una orden de ejecución desde el expediente de ejecución de la Oficina de Ejecución de .... con n.º 2013/28988. Por tanto, procedía que el tribunal estimara la queja y acordara la anulación de la ejecución; no es acertado haber dictado sentencia en los términos expuestos.” (Tribunal de Casación, Sala 12.ª de lo Civil, expediente n.º 2018/4862, resolución n.º 2018/14117, 25.12.2018)

11. ¿Pueden otros acreedores del deudor beneficiarse también del valor de los bienes cuyo acto de disposición se revoca como resultado de la acción revocatoria?

Otra característica de la acción revocatoria es que no tiene carácter real, sino personal. La consecuencia de ello es que el acreedor demandante tiene derecho a cobrar su crédito con preferencia con cargo al valor de los bienes objeto de la revocación.

“La acción revocatoria prevista en los artículos 277 y siguientes del İİK no es una acción real, sino personal, y otorga al acreedor que gana el pleito el derecho a cobrar su crédito con preferencia con cargo al acto de disposición revocado. El acreedor que interpone la acción revocatoria tiene preferencia, en la medida del acto de disposición cuya revocación ha obtenido, frente a los acreedores que no han interpuesto la demanda. Dado que el acreedor demandante, que obtuvo la revocación del acto de disposición relativo al inmueble objeto de reparto en el cuadro de prelación cuya anulación se solicita en el presente caso, tiene un derecho preferente, procedía casar la resolución y no se consideró correcto confirmarla, por lo que se acordó dejar sin efecto la resolución confirmatoria de esta Sala de fecha 12.02.2019, expediente n.º 2016/2120, resolución n.º 2019/406, y casar la sentencia por los fundamentos expuestos.” (Tribunal de Casación, Sala 23.ª de lo Civil, expediente n.º 2019/1715, resolución n.º 2020/733, 6.2.2020)

Para la ejecución de la sentencia de revocación no es necesario que sea firme. Es posible solicitar el embargo y la venta del bien objeto de la demanda presentando la sentencia de revocación en el expediente de ejecución antes de que adquiera firmeza. Una vez realizada la venta, puede retirarse el dinero depositado en la caja de la oficina de ejecución.

12. ¿Cuál es el tribunal competente en la acción revocatoria, cuál es el procedimiento aplicable y puede solicitarse un embargo preventivo?

En la acción revocatoria, el tribunal competente es el Juzgado de Primera Instancia de lo Civil, que es el tribunal de competencia general. Aunque el acto de disposición objeto de la revocación parezca derivar de una relación mercantil, la demanda debe interponerse ante el Juzgado de Primera Instancia de lo Civil.

“Se desprende que en el presente litigio existe una relación mercantil de compraventa entre las sociedades acreedora y deudora. Sin embargo, lo que constituye el objeto de la demanda no es esta relación de compraventa entre las partes, sino el acto celebrado entre la sociedad demandada y la otra demandada, la tercera persona, que se alega simulado y cuya revocación se solicita. Como se ha subrayado especialmente, en la acción revocatoria o, como en el caso concreto, en las demandas interpuestas conforme al art. 19 del Código de Obligaciones turco (TBK) y con la pretensión de que se aplique por analogía el İİK, las compraventas de carácter mercantil entre las partes acreedora y deudora o los contratos de crédito mercantiles o generales que constituyen el crédito bancario no podrán tenerse en cuenta para determinar la competencia. Dado que ni la acción revocatoria ni la acción de simulación con la pretensión de que se aplique por analogía el art. 283 del İİK conforme al art. 19 del TBK tienen el carácter de asunto mercantil absoluto o relativo indicado en el art. 4 del Código de Comercio turco (TTK), quedan dentro del ámbito de competencia del Juzgado de Primera Instancia de lo Civil, de competencia general, conforme al art. 2 del HMK n.º 6100.” (Asamblea General de lo Civil del Tribunal de Casación, expediente n.º 2014/17-2389, resolución n.º 2016/129, 10.2.2016)

El tribunal tramita y resuelve las acciones revocatorias por el procedimiento simplificado (art. 281 del İİK).

A solicitud del acreedor, el juez puede acordar el embargo preventivo de los bienes objeto de los actos de disposición sujetos a revocación. La necesidad y la cuantía de la caución son apreciadas y determinadas por el tribunal (art. 281 del İİK). En los casos en que el tribunal acuerde una medida cautelar, se considerará que esta tiene el carácter de embargo preventivo.

“Para estimar la solicitud de embargo preventivo tampoco es necesario que concurran todos los presupuestos procesales. En las acciones revocatorias, la finalidad es permitir al acreedor cobrar su crédito mediante la revocación del acto de disposición objeto de la demanda en la medida del crédito del acreedor demandante y la concesión de la facultad de ejecución forzosa. Por ello, estas acciones no tienen carácter real, sino personal, y, conforme a la regulación especial de la primera frase del art. 281/2 del İİK, a solicitud de parte, el tribunal puede acordar el embargo preventivo sobre el bien objeto de la demanda. Al tratarse de una resolución de embargo preventivo y no de una medida cautelar, tampoco es necesario que el propio bien objeto de la demanda sea litigioso. La institución del embargo preventivo aplicable en las acciones revocatorias se ha establecido para que el demandante obtenga su crédito, y en la práctica consolidada del Tribunal de Casación también se admite que las medidas cautelares acordadas tienen “el carácter de embargo preventivo”. En el caso concreto, la "anotación de embargo preventivo" practicada por el Registro de la Propiedad (Tapu Müdürlüğü) de ... es conforme también con la práctica consolidada de la Sala .... de lo Civil del Tribunal de Casación y del Tribunal de Casación. (Tribunal de Casación, Sala .... de lo Civil, 18.04.2017, expediente n.º 2016/12805 - resolución n.º 2017/4171, y Tribunal de Casación, Sala .... de lo Civil, 17.06.2013, expediente n.º 2013/7541 - resolución n.º 2013/9171) En resumen, dado que el embargo preventivo acordado por el tribunal se convertirá en embargo definitivo con la estimación de la acción revocatoria, es evidente que la ejecución forzosa podrá continuar mediante la presentación por el acreedor demandante, en el expediente de ejecución, de la sentencia dictada. Incluso en el caso de que el tribunal, en lugar de un embargo preventivo, dicte una "resolución de embargo preventivo con carácter de medida cautelar", es obligado considerar que la resolución dictada es una "resolución de embargo preventivo".” (Tribunal de Casación, Sala 20.ª de lo Civil, expediente n.º 2019/5737, resolución n.º 2019/7603, 18.12.2019)

Cuando el tercero también haya transmitido el bien a otra persona, si se va a exigir la responsabilidad indemnizatoria del tercero en el marco del art. 283 del İİK, no es posible acordar el embargo preventivo sin prestación de caución (art. 281 del İİK).

“La demanda se refiere a una pretensión de revocación interpuesta conforme a los artículos 277 y siguientes del İİK. El art. 281/2 de la misma Ley contiene la disposición siguiente: “el juez, a solicitud del acreedor, puede acordar el embargo preventivo de los bienes objeto de los actos de disposición sujetos a revocación. El tribunal aprecia la necesidad y la cuantía de la caución. No obstante, cuando la demanda se refiera al valor que sustituye a los bienes enajenados, no puede acordarse el embargo preventivo sin prestación de caución”. En su escrito de demanda, el abogado del demandante alegó que se había promovido una ejecución contra uno de los demandados, ..., que el deudor no tenía bienes embargables suficientes para cubrir su deuda, que el inmueble objeto de la demanda fue vendido a la tercera persona demandada ... con el fin de sustraer bienes al acreedor y que esta, a su vez, lo vendió a una persona ajena al procedimiento que ocupa la posición de cuarta persona, y solicitó la revocación del acto de disposición y que, dado que el inmueble había salido del poder de la tercera persona demandada, se declarara a la tercera persona demandada Dürrin responsable del valor del inmueble en la fecha en que se desprendió de él, transformando así su demanda en una reclamación del valor. En este caso, procedía que el tribunal acordara, conforme al art. 281/2 del İİK, con el fin de cobrar el importe del crédito que consta en el expediente de ejecución objeto de la demanda y a cambio de la caución que se considere adecuada, el embargo preventivo de los bienes muebles e inmuebles de la tercera persona demandada ..., así como de sus derechos y créditos frente a terceros, mientras que..” (Tribunal de Casación, Sala 17.ª de lo Civil, expediente n.º 2017/2674, resolución n.º 2018/11572, 3.12.2018)

Abg. Ömer Çebi

Abg. en prácticas Batuhan Özata

Este artículo es una valoración general elaborada conforme a la normativa vigente en su fecha de publicación; no constituye un dictamen jurídico. Este texto en español es una traducción del original en turco; en caso de discrepancia, prevalece la versión en turco.

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